ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE FEDAOC “Solo podemos garantizar al ciudadano la seguridad de las instalaciones si nos dejan hacer nuestro trabajo con rigor”
“Solo podemos garantizar al ciudadano la seguridad de las instalaciones si nos dejan hacer nuestro trabajo con rigor”
Los máximos responsables de la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC), Jesús Méntrida, Presidente, Alberto Bernárdez, Vicepresidente 1º, y Carmen Prado, Vicepresidente 2º, recuerdan la importancia de garantizar la seguridad industrial en todo tipo de instalaciones, sean de ámbito industrial y/o doméstico, así como su tipología de titularidad, privada o pública. También explican el origen de FEDAOC, sus cometidos esenciales y sus retos inmediatos. Son estos.
P- Presidente, ¿qué es FEDAOC?
R- FEDAOC es una federación que agrupa a las asociaciones autonómicas, que representan al sector de entidades de inspección y organismos de control, que trabajan en el ámbito reglamentario de equipos e instalaciones, reguladas por los distintos Reglamentos y/o Directivas. Actualmente existen 14 asociaciones de las 17 Comunidades Autónomas, todas federadas.
Los organismos de control somos entidades privadas. Colaboramos con la Administración para la verificación de las condiciones de seguridad de equipos e instalaciones en base a una serie de reglamentos. Claro está, son los titulares de las instalaciones los que tienen la obligación de tenerlas legalizadas y de llevar a cabo las inspecciones oportunas.
P- ¿Desde cuándo funciona? ¿Ha ganado asociados con el paso del tiempo?
R- Constituimos FEDAOC en diciembre de 2015. Empezamos con las diez asociaciones autonómicas que había en el momento. Las empresas que configuran cada asociación tomamos la iniciativa de constituir las asociaciones que faltaban en algunas CCAA, cuatro más que ya están también en FEDAOC. Nos quedan tres: Cantabria, La Rioja y Navarra, pendientes de constituir.
P- ¿Qué receptividad ha mostrado el sector de la seguridad industrial frente a una iniciativa así? ¿Y de la Administración? ¿La entiende como un órgano bienvenido que le apoya en la vigilancia de la aplicación de la normativa?
R- En principio, sí. En nuestros objetivos figura constituirnos en órgano de interlocución con la Administración en todo lo relativo al sector de organismos de control.
En el tiempo han existido distintas asociaciones de ámbito nacional. La colaboración privada con la Administración arrancó en 1979, con un R.D. sobre Entidades Colaboradoras. Desde entonces, conforme a evolucionado la normativa, hemos cambiado de nombre, primero como entidades colaboradoras, luego entidades de inspección y control reglamentario… Ahora somos organismos de control porque así nos denomina la Ley de Industria y el Reglamento vigentes.
Queremos ser ese interlocutor con la Administración del que hablaba porque, por distintas circunstancias, las anteriores asociaciones nacionales han perdido la representatividad requerida para agrupar a empresas pequeñas, medianas y grandes. Ahora, al ser una federación con asociaciones de ámbito autonómico no hay excusa: cualquier entidad, por pequeña que sea, puede estar en FEDAOC, porque puede estar en alguna de las 14 asociaciones autonómicas miembro.
Perseguimos, como la Administración de hecho nos reconoce, ser los representantes del sector porque no hay impedimento para que un organismo de control con una acreditación en ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) y que tenga una declaración responsable para actuar en este país pueda estar en FEDAOC.
P- Aproximadamente, ¿cuántas empresas agrupa la organización en estos momentos?
R- Asociadas 164, pero algunas empresas están en varias asociaciones, lo que implica que son 50. Representamos el 56 % de las entidades con actividad en este sector. Valorando el conjunto de acreditaciones de ENAC, representamos el 80 % de las acreditaciones y, a efectos de volumen de mercado, superamos el 95 % de la facturación.
P- Entiendo que a cualquier empresa le favorece integrarse en FEDAOC…
R- Sí, porque en el pasado existía una asociación formada por siete grandes empresas del sector, pero los pequeños no se sentían representados, por mucho que sus intereses estuviesen más o menos defendidos a nivel local por las asociaciones autonómicas. Pero cuando había que plantear situaciones e interlocución ante la Administración o a escala nacional no tenían voz. FEDAOC es también representante de las pequeñas, incluidas personas físicas individuales.
Por otra parte, la Administración Central reclamaba un único interlocutor, una sola representación del sector. Antes, al no estar todas aglutinadas, nos consideraban una suerte de lobby, no una representación sectorial. Esto cambia con FEDAOC y los porcentajes de empresas y mercado que ha conseguido agrupar.
P- La reglamentación, ¿es suficiente, adecuada para garantizar la seguridad por ejemplo en espacios e instalaciones de pública concurrencia, queda mucho por hacer…?
R- En España hay regulación de sobra acerca de la seguridad industrial. Tenemos muchos más reglamentos que en países donde también se exigen inspecciones periódicas y entidades independientes que lo supervisen y controlen. Hay países donde no se exige una autoridad independiente y es otro operador, o el mantenedor el encargado de ese control o inspección. También hay otros donde se exigen requisitos mínimos de formación y medios técnicos muy rigurosos, no es necesaria la acreditación, pero sí una autorización administrativa. Nuestra regulación recoge la figura de una entidad independiente como nosotros que debe realizar unos controles periódicos de seguridad en la instalación.
No creemos que normativa y reglamento sean escasos, pero sí hay que cambiar, porque no nos favorece, el marco regulatorio de nuestras funciones. Se ha deteriorado bastante a partir de la trasposición de una Directiva de Servicios, en 2009, que ha provocado que se regule de una manera que, consideramos, no es la adecuada.
P- ¿Qué pasó con la trasposición?
R- La Directiva de Servicios atañe a la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios en la Unión Europea. Los últimos estaban pendientes de regular. La Directiva, de 2006, traspuesta en España en 2009, con la ley 17/2009, incurrió a nuestro parecer en el error de que nuestro servicio sea considerado como uno más cualquiera de un mero operador económico.
De acuerdo, somos una empresa de servicios, pero hacemos las inspecciones periódicas de los reglamentos como función delegada de la Administración. Es decir, aquella es garante de la seguridad industrial para el ciudadano, pero carece de medios para realizarla. Además, está dividida en 17 Administraciones competentes y sus medios son escasos.
Por eso se crea la figura de la entidad colaboradora: somos entidades privadas y como tales estamos sujetas a una cuenta de pérdidas y ganancias, pero no podemos olvidar que nuestra función es cumplir y hacer cumplir un reglamento que dictamina unas inspecciones iniciales y/o periódicas como si fuésemos la propia Administración, con un poder real que nos capacita incluso a clausurar o cancelar una instalación ante un defecto grave para el ciudadano (que comunicaríamos a la autoridad competente de inmediato para evitar el uso por riesgo grave).
Esta función pública no puede estar sometida a la libre competencia, que es donde hemos entrado. La Directiva de Servicios establecía regímenes de autorización y control por la Administración cuando existiesen razones de interés general, como la seguridad pública. Sin embargo, aprovechando sendos recursos interpuestos por los Colegios de Ingenieros e Ingeniero Técnicos contra la normativa en vigor en 2011, dos sentencias desfavorables del Tribunal Supremo eliminaron el requisito de autorización y determinadas exigencias de medios técnicos.
Como entidades privadas, la Ley de Industria nos exigía una acreditación de la competencia técnica de ENAC. Con ella teníamos una autorización administrativa por la autoridad competente en cada Comunidad Autónoma que nos autorizaba a ejercer nuestra actividad. A partir de ahí, se suponía que esa autorización ejercía sobre nosotros un control de la Administración para verificar que realizamos nuestro cometido adecuadamente. De no hacerlo, quedaríamos expuestos a perder la autorización. Pues bien, la trasposición y las sentencias del Supremo provocan que se elimine la autorización administrativa y que ahora baste una declaración responsable.
Así, cualquier persona física (como establece el Supremo) que consiga la acreditación de ENAC en un campo concreto, con una mera declaración responsable, puede actuar e inspeccionar legalmente, y además en todo el territorio nacional.
Esta liberalización, mal entendida, ha provocado un deterioro del sector: el número de operadores, antes entre 20 y 30, haya crecido a más de 100. Y esto provoca una relajación del rigor en las inspecciones.
Al contrario de lo que sucede en el resto del mercado, nuestro pagador no es un cliente que solicita o necesita un servicio, pues es la Administración quien lo demanda y solicita, de modo que quien nos paga es el ciudadano pero no es nuestro cliente en el sentido literal de la acepción. Esta disyuntiva, “quien me paga no es el solicitante del servicio”, provoca que nuestro servicio no se advierta como necesidad para el ciudadano. Presentarnos ante la sociedad como un servicio más deriva en que no sean los mejores los que triunfan o vencen en el mercado. Por ello, pedimos volver a la autorización para que sea la Administración, a la postre nuestro cliente, la que nos controle, vigile y fije el alcance y la calidad del servicio, no el ciudadano que no tiene criterios técnicos para discernir, y sólo lo hace por el precio y las menores molestias que se les pueda ocasionar a causa de la inspección.
P- En España, ¿las empresas están concienciadas en materia de seguridad industrial?
R- En las grandes empresas la exigencia de seguridad industrial llega a superar la de los reglamentos. Así sucede en una planta petroquímica o nuclear, en una gran industria… El titular quiere cubierta su productividad, bienes y activos, y desde luego se preocupa muy mucho de cumplir con la regulación vigente. Así pues, en la gran industria no hay problema: la concienciación es total y absoluta.
Según bajamos en el volumen de empresa, la preocupación pasa a un segundo término: el empresario ya no ve tan claro que seguridad y calidad sean sinónimo de productividad. Entienden nuestra inspección como una exigencia de la Administración y no le dan el valor que merece. A sus ojos pasamos de contribuyentes en seguridad a un impuesto que verifica lo que no hace falta. Digamos que no valoran nuestro servicio.
Ahora bien, y en aparente contracción con esto, nos encontramos que asociaciones de un determinado sector industrial o de servicios se dirigen a FEDAOC para solicitar nuestra colaboración y apoyo para que se legisle y regule su sector, incluyendo un marco de vigilancia por organismos de control. Ven en ellos, y en nuestra federación herramientas esenciales y el apoyo necesario para luchar contra la competencia desleal que pueda existir en su sector.
Otro gran núcleo de clientes es el sector doméstico, entendido como el ciudadano, el administrador de fincas… Y ahí hay ejemplos claros como los ascensores: por falta de educación y conciencia de lo que es la seguridad, incluso de dispositivos así, el ciudadano no nos compra porque nos ve como una commodity. Como mucho, contratan al señor de turno que emita el certificado de funcionamiento al precio más barato. En casos así, hemos perdido el valor de lo que hacemos.
P- Al hilo de la competencia de la que hablábamos, ¿qué grado de aptitud tienen las empresas que supervisan esta seguridad?
R- Elevado porque los reglamentos exigen un nivel de competencia técnica. Tenemos que tener nuestra competencia técnica acreditada por ENAC, que como órgano público dependiente del Ministerio de Industria interviene y audita de forma independiente esa cualificación.
Todos los organismos tenemos procedimientos internos basados en una norma internacional, en este caso la ISO 17020 que regula las Entidades de Inspección, que establece requisitos de formación, cualificación… Cada organismo elabora procedimientos que deben cumplir con esa norma, que luego ENAC audita. Conforme a esos requisitos, formamos y reciclamos a nuestros técnicos, aportando los medios necesarios para que acometan su trabajo, inspecciones y controles, con el conocimiento suficiente.
P- Si todo se ajusta a ley, ¿dónde radica el problema de la nueva competencia?
R- Los reglamentos previos a la trasposición exigían a las empresas supervisoras de la seguridad que, sin ir más lejos, contasen con al menos 45 técnicos, 5 años de experiencia… Todo eso se ha ido eliminando. Hoy basta que un solo técnico, una persona física, declare responsablemente que sabe.
ENAC tiene un principio de mejora continua. Una empresa con años exige automáticamente mayor nivel de calidad. Otra que empieza técnicamente puede ser igual, pero la realidad es que como tiene mucho menos trabajo opera de forma distinta. Esto genera escalones y diferencias entre las empresas dedicadas. Desde FEDAOC intentamos con la Administración homogeneizar todo ello: no por ser nueva y pequeña una empresa que supervisa la seguridad debe operar con estándares distintos a las grandes más veteranas.
Reglamentación y titulaciones para operar como entidades supervisoras de seguridad son adecuadas. El problema surge en la competencia desleal cuando se ejerce una labor de inspección en colaboración la Administración Pública, en vez de ser ella la que acometa la tarea de vigilancia de esa competencia desleal. Si la liberación deriva en la falta de cumplimiento de los requisitos de rigor necesarios, la inspección pierde su valor.
ENAC no es vigilante del trabajo cotidiano de los organismos de control, sí de la capacidad técnica de una empresa del ramo. Una empresa que puede tener toda la capacidad técnica necesaria, pero puede suceder que no la ejecute. Esa diferencia entre capacidad técnica y ejecución es la que provoca el deterioro de nuestro sector y la merma de valor a ojos de empresas y ciudadanía. Desde FEDAOC estamos en la fase de pedir a la Administración mayor vigilancia de nuestro sector, aplicando los artículos de las Directivas europeas donde la Administración sí vigila el mercado y sus cláusulas, que están ahí para todos. Nosotros decimos “aplíquesenos también a nosotros”. Y tiene que ser la propia Administración quien lo lleve a cabo porque no hay más herramienta.
P- A modo de resumen, ¿qué mensaje traslada entonces FEDAOC a la sociedad sobre la importancia de su labor?
R- Dentro de un marco regulatorio mejorable, que estamos intentando cambiar, buscamos homogenizar procedimientos para que en cualquier organismo de control, pequeño, mediano o grande, y en cualquier industria el concepto de seguridad y control sea el mismo y se practique con idéntico rigor y garantía. La idea es que el ciudadano, al final, perciba que sea la entidad que sea la que lleve a cabo la tarea de inspección estará igualmente seguro cuando utilice la instalación.
FEDAOC da voz a las empresas del sector en todo lo que concierne a estrategias, aunque la ejecución corresponda a las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en la materia. A veces la Administración central no tiene potestad para vigilar, pero FEDAOC pide y considera importante transmitir que el modelo de los organismos de control tiene debilidades que hay que mejorar en la legislación nacional.
P- ¿Retos de FEDAOC para un futuro más o menos inmediato?
R- El mayor sería lograr una Ley de Seguridad Industrial. En España tenemos una Ley de Industria de 1992 que sustituyó a otra de 1939. Estamos inmersos en la era digital y en la revolución 4.0 con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (toma de datos, sensores, Internet de las cosas…) Un avance importante, por lo que la Ley de Industria se tiene que actualizar.
Creemos que la Seguridad Industrial es tan importante como para tener una ley propia o bien, dentro de la actual Ley de Industria, hoy recogidos en un capítulo, proceder a una actualización imprescindible.
Esa actualización pasa por modernizar un marco regulatorio que solvente las debilidades descritas: el mercado de la seguridad industrial es el que es y no puede crecer del modo que lo ha hecho (el número de operadores se ha multiplica por 8 en los últimos 15 años) .
No nos oponemos a la liberación del mercado, pero pedimos que no todo el mundo entre en competencia total y sin control por la Administración, porque esto al final genera, como cualquier otro sector, distintos tipos de entidades que terminan disminuyendo la calidad del servicio. Y por encima de nosotros ya no hay nadie que controle.
Administración, empresas y ciudadanos no pueden vernos como un operador económico más, pues somos la herramienta que ayuda a hacer cumplir la ley con una calidad contrastada. Es preciso evitar que, dentro del sector, la mala praxis de algunos, por el indebido control de la Administración, provoque mayores niveles de riesgo al ciudadano, que al fin y al cabo es lo que intentamos preservar. Solo podremos garantizar que los elementos e instalaciones que usa y le rodean son seguros si podemos ejercer nuestro trabajo con el mayor rigor posible.
